-Por denuncias, de oficio o por consultas, la Oficina Anticorrupción (OA) abrió desde el 10 de diciembre averiguaciones sobre posibles incompatibilidades y conflictos de intereses de 22 funcionarios que provienen, en gran número, de altos cargos empresariales. Entre ellos:
-Alfonso Prat-Gay, que antes de asumir su cargo dirigía la consultora APL, de asesoramiento de empresas.
-La subsecretaria de Política y Gestión de la Pequeña y Mediana Empresa, Carolina Castro, accionista de una compañía cerealera y de otra de autopartes.
-El subsecretario de Vínculo Ciudadano de la Jefatura de Gabinete, Guillermo Riera, dueño de la consultora de comunicación G-Digital.
-El presidente y de la vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici y María Talerico, a los que se les atribuyó haber estado vinculados como abogados, de manera directa o indirecta, a firmas acusadas de lavado de dinero.
-José Aranguren, ex CEO de Shell Argentina y dueño de 16 millones de pesos en acciones de Royal Dutch Shell, la casa matriz de la empresa petrolera.
-El secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana, ex CEO de Farmacity, una de las empresas que compraron dólares a futuro con el gobierno anterior.
-El subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria, Andrés Chambouleyron. Como parte de la empresa Compass Lexecon, una firma especializada en competencia, Chambouleyron fue testigo de parte de empresas energéticas (gas y electricidad) en 10 juicios contra el Estado argentino ante el CIADI.
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