Después de una larga semana de negociaciones con las empresas que fabrican y distribuyen los productos de consumo masivo, el gobierno tratará de encaminar el cumplimiento de la resolución 1050 con la que fijó hasta el 7 de enero los precios de 1432 artículos.
La fiscalización es un déficit de la gestión, que hasta ahora no pudo evitar que las empresas aumentaran los precios a pesar de la vigencia de distintos acuerdos. En esta oportunidad hay una fuerte apuesta a que la ejerzan los municipios y las ONG de defensa del consumidor.
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