recuperar el estado para el bienestar de la sociedad

Reforma previsional

Los principales beneficiarios de la medida de gobierno deberían ser los afiliados.
Los principales beneficiarios de la medida de gobierno deberían ser los afiliados.
26-10-2008 / El Gobierno se le animó a una decisión valiente, en medio de la crisis financiera. Ahora la pelota pasó al Congreso: chau a la jubilación privada impuesta en los ’90. Los fondos vuelven a estar administrados por la Nación. Los pro y los contra de la medida.
Por Abraham Leonardo Gak
Profesor honorario de la UBA

Para desesperación de Montescos y Capuletos, una vez más el Gobierno nos ha sorprendido a todos con la resolución de desactivar definitivamente el sistema de jubilación privada, asumiendo la totalidad del compromiso de brindar y administrar la atención del sistema previsional en todo el país.
Si tomamos las decisiones gubernamentales más recientes desde el intento de establecer un régimen de retenciones móviles a la exportación de algunos productos primarios, se sucedieron: la decisión de cancelar con reservas del Banco Central la deuda con el Club de París, la apertura al canje de los tenedores de deuda que oportunamente no aceptaron la oferta oficial, la ratificación de la política económica iniciada a mediados del año 2002 y, por último, ésta que comentamos.
La medida tomó por sorpresa a todos. Por un lado, satisfacción para quienes desde siempre nos opusimos a un sistema intrínsecamente individualista, que otorgaba al sector privado el manejo de ingentes recursos. Por el otro, el variopinto sector opositor que, en algunos casos, buscó con variado éxito argumentos para sostener una posición confrontativa, y otros que con hidalguía acompañaron, aunque con limitaciones, la decisión.
Es evidente que una medida de esta naturaleza debía tomarse en un ámbito de absoluta reserva, ya que si llegaba a trascender antes de su público conocimiento se hubiera prestado a turbios manejos por quienes se ven fuertemente afectados. Sólo basta ver qué sucedió con los mercados el día en que el sistema conoció la novedad, para darnos cuenta del daño que podían causar si hubieran tenido tiempo para ello.
El envío del proyecto al Parlamento abre una instancia decisiva sobre el futuro del sistema previsional argentino. De cómo se va a diseñar todo el sistema, el manejo de los enormes recursos, la fiscalización popular de las inversiones, las trabas a la discrecionalidad de sus directivos, sean oficialistas, opositores o de los propios jubilados, depende la posibilidad real de contribuir al financiamiento de un proyecto nacional de desarrollo con equidad.
Desde luego que tendremos dificultades. Habrá que analizar la verdadera situación de las entidades administradoras de la jubilación privada, en particular la valuación de sus activos; es legítimo sospechar que sus inversiones estén valuadas a su valor técnico y no al de cotización actual de los mismos, seguramente muy inferiores. De ser así, nos encontraremos con una situación mucho más compleja y onerosa para el erario público.
Es imprescindible una eficaz y nutrida información pública sobre las medidas de fondo que se tomen, para llevar tranquilidad a quienes son los sujetos más importantes del conflicto: los afiliados. Desde luego que los poderosos sectores financieros afectados utilizarán todos los recursos disponibles para deslegitimar la medida. Es natural, deberían ser los únicos afectados por la futura ley.
Nos quedará siempre la duda sobre si esta medida, tan querible, fue tomada en salvaguarda de los intereses del Estado, ya que éste debía complementar las jubilaciones que no llegaban al mínimo o para liberar a los bancos propietarios de las Afjp de compromisos con los aportantes que no podrían seguir atendiendo y liberarlos de un negocio que dejó de serlo y poder acusar al Estado de ser la causa del abandono de la actividad.
Como casi siempre, los números se ocupan de colocar las cosas en su lugar. Veamos. Desde 1994 hasta 2001, los fondos provisionales derivados a capitalización fueron de aproximadamente (Alberto Muller dixit) 28.000 millones de pesos/dólares, cifra equivalente al 45% del incremento en el mismo período de la deuda estatal. Las comisiones percibidas por las administradoras fueron, en promedio, del 25% de los aportes, dividido en un 10% para solventar el funcionamiento de las aseguradoras de vida, a su vez también controladas por los bancos, y un 15% para gastos de administración. Si comparamos estos guarismos con los costos de administración del sistema estatal (no menos de cuatro veces menores) notaremos, en este aspecto, la diferencia de uno y otro sistema.
Queda claro, a nuestro entender, que la suerte de esta iniciativa del Gobierno está atada a la profundidad y solvencia con que el Parlamento encare su discusión, porque la reticencia e incluso la oposición de algunos sectores se vería desarmada, si se legisla una operatoria que preserve los bienes acumulados por los aportantes a través de los años y garantice el control ciudadano de su administración. Desde luego, esos recursos deberán destinarse al desarrollo. Tal vez el mecanismo sugerido sea un fideicomiso, que le asegure al Anses, con una institucionalidad similar a la del Pami, por parte del Estado, una tasa de interés más un resguardo de la inflación y la inversión de esos recursos sean absolutamente de riesgo estatal.
Por último, es conveniente no perder de vista el hecho de que en la actualidad los trabajadores activos representan, con respecto a los beneficiarios actuales y futuros, un número insuficiente como para financiar la totalidad de las jubilaciones, sobre todo si aspiramos a jubilaciones dignas y cercanas a los salarios vigentes (82%). Habrá que trabajar duro para reducir drásticamente el trabajo informal, sostener el pleno empleo, mejorar los salarios, invertir sabiamente estos significativos montos y administrarlos prudencialmente.
Finalmente, esta decisión que podemos llamar histórica, debemos enmarcarla en una estrategia de recuperar la actividad del Estado para el bienestar de la sociedad, mejorar sustancialmente su gestión y colocarla dentro de la acción consensuada de un proyecto nacional, que debería ser el objetivo mediato de un gran acuerdo social y productivo, que en las actuales circunstancias es imperativo acordar.
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