La fiscal
Gabriela Boquín, que dejó al descubierto
un intento del Gobierno con respaldo judicial para condonar casi la totalidad de la deuda millonaria del Correo Argentino con el Estado, acusó a esa empresa de intentar
una nueva maniobra judicial para “dejar impune” su denuncia original. Cuestionó, además,
una resolución de la jueza Marta Ciruli que iría en la misma dirección. El Correo había planteado que
desconocía la legitimidad de la fiscal de Cámara para pedir un peritaje sobre sus libros contables tras advertir que
la firma había estado retirando fondos, l
o que implicaba un vaciamiento, en pleno expediente concursal, y había utilizado dinero para distintos tipos de operaciones
de las controlantes Socma y Sideco, de la familia Macri.
Boquín reivindicó sus facultades y advirtió que la jueza le entregó la confección del peritaje a las mismas sindicaturas que habían intentado obstaculizarlo, que ya favorecieron al Correo en informes anteriores y que están imputadas penalmente, en lugar de entregárselo a un perito oficial designado para esta cuestión.
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