La fiscal federal Paloma Ochoa abrió formalmente una causa a instancias de una denuncia que presentaron diputados nacionales del Frente Renovador contra Alonso por los posibles delitos de violación de los deberes de funcionario público y denegación y retardo de justicia.
La causa está a cargo de la jueza federal María Servini, a quien la fiscal ya le pidió las primeras medidas de prueba del expediente.
Se trata de un expediente comercial por la deuda que el Correo Argentino tiene con el estado por originalmente 296 millones de pesos cuando en 2001 dejó de pagar el canon por la privatización. El gobierno de Macri llegó a un acuerdo con la compañía para pagar la deuda. Pero la fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, se opuso y pidió rechazarlo por "abusivo y perjudicial" para el estado porque implicaba una quita del 98,2% de la deuda ya que no se le aplicaban intereses y así la condonación a la empresa alcanzaba 4.227 millones de pesos.
Por el caso se abrieron varios expedientes. Uno de ellos penal en el que Macri y Aguad, entre otros, están imputados. Otro interno en la Procuración del Tesoro de la Nación que rechazó que los abogados del estado hayan cometido alguna irregularidad en el caso.
Alonso analizó el caso en base a la ley de ética pública. Sostuvo que "no se advierte en el caso ninguna vulneración a las normas de ética en el ejercicio de la función pública por parte del Señor Presidente de la Nación". Explicó que cuando se hizo el acuerdo Macri no tenía intereses financieros en Socma Americana -la empresa de la familia Macri que controla Sideco Americana, la compañía que tiene el Correo- y que de la causa comercial no surge que haya tenido intervención. Agregó que Macri dejó en 2009 las acciones de Socma y se las transfirió a sus tres hijos.
Pero los diputados del Frente Renovador objetaron en tribunales el dictamen. Señalaron que Alonso "soslayó deliberadamente información que comprometía al Sr. Presidente de la Nación". Sobre el punto explicaron que en 2014 Macri sostuvo en su declaración jurada que tenía acciones, cuotas y participaciones sociales sin cotización de Socma en el país y que tenía desde 2001.
"El Sr. Presidente no contaba con la facultad de tomar decisiones sobre la empresa que tuvo durante tantos años y continúa teniendo a su cargo, es decir que, hubo faltas a la ley de ética pública en cuanto a la decisión de aceptar la oferta de la empresa controlada por el holding de la familia del presidente, que buscaba saldar su deuda con el estado de su concurso preventivo", sostuvieron los legisladores en su denuncia.
6 comentarios:
Ésto es terrible, acusar a la pobre cachavacha, digo, laura, de cometer delitos, un auténtico horror que se persiga a quien si pecó, pecó por amor casto y puro por el quetejedi, así vamos una catástrofe.... 'tamo perdidos.
A esta mina hay que procesarla por fea, fea ella, fea su actitud y feo y sucio su amor no corrspondido por el mauri, otro al que lo van a procesar pero en su caso en una procesadora.
Y a Pichoto se le rajan los comuñes... Qué barbaridad dónde Pepe... ¿Dónde iremos a parar?
Y la jueza budu budu budia tendra la voluntad de investigarla?
Leemos en El Cronista que "Un club de polo robaba energía para regar campos y ventilar a los caballos". ¿Qué me cuenta, don José? ¿Serán de los mismos que aúllan de indignación por "los negros que se cuelgan de la luz"? Se me hace que si...
Esta mal subsidiar el polo? O subsidiar a flybondi? Estos tipos hacen justicia social...pero con los de su misma clase.
Publicar un comentario