El periodista Andrés Lerner imprime hoy en Tiempo Argentino una investigación que deja mal parada a María Eugenia Vidal y pone otra vez bajo la lupa la procedencia de los fondos de campaña de Cambiemos.
“El 14 de enero de 2017, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó la municipalización del Servicio Alimentario Escolar (SAE), cuya ejecución dependía hasta ese momento de los Consejos Escolares, que en todos los casos tienen presencia opositora local”, explica Lerner. Ese anuncio, añade, “se proclamó como una prueba piloto que incluía a los municipios de Vicente López, San Isidro, Morón y La Plata, entre otros, y sirvió para abrirle las puertas a un conjunto de proveedores que María Eugenia Vidal conocía desde la época en que se desempeñó como ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, entre los que se encuentran Friends Food SA y el Grupo L”.
Sobre este grupo, aclara que “reúne a Teylem SA, Equis Quince, Blue Catering, Bagalá, Cook Master SRL, entre otras firmas. Su principal referente se llama Víctor Lusardi y, a partir de la llegada de Cambiemos al gobierno bonaerense, consiguió multiplicar sus negocios con el Estado”.
Atento al informe de sustentabilidad, “la empresa aumentó de forma exponencial su facturación, de $ 1.160.260.000 en 2016 a $ 1.891.829.000 en 2017 e incrementó su planta un 84%, de 503 a 925 empleados”, remarca el periodista de Tiempo.
Y jerarquiza que “además de proveer alimentos a más de una decena de distritos, consiguió quedarse con el servicio gastronómico en los hospitales de la Provincia y con una caja de más de mil millones de pesos por las operaciones en el Sistema Penitenciario, donde la Comisión Provincial por la Memoria ha denunciado que uno de los mayores inconvenientes para los detenidos es la falta de alimentación y su baja calidad”.
Recuerda además que “este grupo empresario también fue blanco de críticas el año pasado, luego de ganar una licitación por las cajas navideñas de la Provincia de Buenos Aires que tuvieron un 145% de aumento con respecto a 2016 y que terminaron costándole a los bonaerenses 32.918.400 pesos”.
Lerner consigna que “de distintas maneras, estas firmas que habían sido denunciadas por irregularidades en el servicio que prestaban a la Ciudad de Buenos Aires, consiguieron multiplicar sus ganancias después de haber realizado donaciones a las fundaciones que conducen funcionarios del gobierno”.
Anota que “entre las ONG mencionadas están G25 y Formar, que tienen como principales referentes a Guillermo Dietrich y Esteban Bullrich”.
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