En el primer decreto publicado ayer en el Boletín Oficial, dando inicio al ejercicio legal 2019, Mauricio Macri declaró, a través del Decreto 1177, a este ejercicio como el “Año de la Exportación” al considerar que “es la vía para la construcción de una economía próspera, dinámica e integrada al mundo”.
Por su parte ambito.com con el título de Muy poco serio reflexiona a partir que en la misma edición de ayer se publica otro decreto, el 1201, donde se imponen nuevos derechos de exportación similares a los creados por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en octubre de este año a instancias del FMI, y que gravan las ventas de los privados fuera del país.
La novedad del decreto publicado ayer es el objeto donde recaen las nuevas retenciones 2.0: en el sector servicios. Este incluye, entre otros rubros, el desarrollo de software y tecnología; donde, para los que imaginan el mundo del futuro, está la próxima riqueza de las naciones. Son los sectores donde se desarrolla el mayor bien del mundo moderno: el conocimiento aplicado a la tecnología, lo que, por definición, es intangible, y vinculado al desarrollo de la inteligencia para modificar y darle valor agregado a la economía real. Países como Estados Unidos, Noruega, Holanda, Finlandia, Corea del Sur, Singapur, Israel, Nueva Zelanda y España, consideran desde hace años que deben ser sectores subsidiados al máximo y potenciados en todo lo que se pueda.
En todos esos estados se fomentan laboratorios de inteligencia para multiplicar el conocimiento; para luego exportar servicios generando divisas, que luego aumentan la riqueza de esos estados, generando una brecha más grande aún con los emergentes.
Argentina fomentó en la última década, en la gestión del peronismo, la inversión en científicos y empresas en una decisión de política de estado. Como ejemplo valen los datos del 2018, año de crisis brutal en el país: los servicios de software y tecnología crearon 48% más de puestos de trabajo que el año pasado e incrementaron sus exportaciones en un 90%.
El Gobierno, que no tiene un plan económico serio, que no tiene un pensamiento estratégico productivo, y con viejas fórmulas que han fracasado, decidió ahora aplicar un nuevo impuesto a la producción del conocimiento. Será de 12% o el tope de 4 pesos por dólar.
Hablemos de incoherencias.
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