Los abogados dejaron en claro que Luciani y Mola ni siquiera leyeron bien el expediente. Remarcaron que “no hay nada de nada, ni siquiera un indicio” de los supuestos delitos con las obras públicas y que los fiscales “presentaron hechos falsos o inexistentes”.
Los abogados que alegaron este lunes a la mañana dejaron en claro que Luciani y Mola ni siquiera leyeron bien el expediente y las imputaciones. Por ejemplo, acusaron a Garro por hechos ocurridos cuando ya no era funcionario; por obras que no se adjudicaron a Lázaro Báez sino a empresas competidoras y, sobre todo, porque ni una sola de las obras que se le cuestionaron a Garro -ni una sola- fue financiada por el Estado nacional. O sea, no existió la administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional, porque no se afectaron fondos de nacionales. El dinero lo aportó la Provincia de Santa Cruz y pasó por todos los pasos: los presupuestos los establecieron los organismos provinciales, hubo decretos de los gobernadores, la gestión luego la aprobó el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz, la Fiscalía de Estado y hasta el Poder Judicial santacruceño.
Mariano Fragueiro Frías y Felipe Salvarezza, defensores de Garro, no levantaron el tono en las casi dos horas y media de su alegato. No lo necesitaron. Sus argumentos, de a ratos expuestos en pantallas ubicadas en la sede del Tribunal Oral Federal 2, fueron tan demoledores que pareció una clase para niños de escuela primaria. Por momentos dio hasta vergüenza cuando Fragueiro Frías recordó las tremendas diatribas de Luciani sobre las horas y días que -según dijo el fiscal- pasaron leyendo cada expediente de cada obra y resultó que le atribuyeron a Garro trámites licitatorios con los que no tuvo la menor relación.
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