El gobierno nacional envió el jueves al Congreso de la Nación el proyecto de Ley del Presupuesto 2023 que contempla un gasto general de casi 29 billones de pesos, un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 2%, una inflación estimada en el 60%, y una caída del déficit fiscal del 2,5 al 1,9 por ciento.
Entre los fundamentos de la iniciativa se advierte que el "presupuesto que se presenta propende a la estabilidad macroeconómica, a la recomposición del poder adquisitivo de los ingresos y al fortalecimiento del mercado interno".
En una separata que acompañó el proyecto se plantea a los legisladores que si se dispusiera la eliminación de una serie de beneficios fiscales en favor de ciertos sectores como el Poder Judicial, grandes empresas y regiones se "podría mejorar la performance del presupuesto en 2,4 puntos del PBI". Es decir que el déficit fiscal de 1,9 puntos del PBI previsto podría pasar, de avanzar en la eliminación de esa serie de beneficios fiscales, a convertirse en un superávit de 0,5 puntos.
La propuesta de poda de esos beneficios al Congreso se considera altamente saludable desde el punto de vista fiscal, pero se formula por separado porque se requiere de una decisión política de mucho coraje de los diferentes bloques para votar las leyes que eliminen esos beneficios, como la exención del pago de Ganancias a jueces y otros funcionarios del Poder Judicial, exenciones impositivas a determinadas empresas, diferenciales de tasas de impuestos internos a determinadas provincias.
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