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La investigación sobre el Consejo de la Magistratura está en manos del juez federal Rodolfo Canicoba Corral y del fiscal Ramiro González, tras una denuncia que hizo el abogado
Ricardo Monner Sans en base a información anónima, pero
con aportes concretos sobre obras y nombres de personas involucradas.
-No es la primera sospecha de fraude con fondos públicos, ya que
hubo otras denuncias sobre irregularidades en el manejo de fondos del Estado destinados a obras públicas y por las que está bajo sospecha
la Dirección de Infraestructura del Consejo así como su anterior administrador, Germán Krieger.
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Canicoba Corral ya tuvo bajo la lupa
la construcción de un “edificio inteligente” sobre la calle Uruguay 772 y que está frenado hace años, mientras que su par
Daniel Rafecas investigó
el alquiler de lugares por los que se pagaron millones de pesos y nunca se utilizaron.
-En esta nueva causa,
el fiscal González pidió investigar a Krieger, al abogado
Luis Alberto Devoto, quien fuera titular de la
Dirección General de Administración y Financiera de la Administración General, y al
contador Diego Martino de la Comisión de Preadjudicaciones. El pedido incluye también
al exsubdirector del área de Infraestructura, Hugo Cayetano Lazzarini, al exsubdirector adjunto,
Carlos Jorge Susini Burmester; y al exprosecretario letrado de la Secretaría General del Consejo,
Gabriel Saliva.
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Krieger es un hombre que
fue desplazado como administrador tras una avanzada del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura y a quien todos sindicaban como
hombre de confianza del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, a través de su contador y secretario general administrativo del máximo tribunal,
Héctor Marchi.
-El
expediente 60/14 surgió a partir de
la presentación de técnicos de la Dirección General de Infraestructura Judicial (Dgij) ante Krieger. En ese informe se hace referencia
presiones a las que se habría sometido a profesionales para firmar certificados de obras que en verdad estaban paralizadas y también que se habrían desatendido advertencias sobre incumplimientos y demoras en los contratos de obra pública.
-Una de las obras bajo la lupa es la del Centro Judicial de la Ciudad de Resistencia, en Chaco, otorgada a una empresa que no reuniría antecedentes necesarios para llevarla a cabo: sólo tiene un avance del 30% pero ya se pagó por el 60% del total.
-La denuncia también hace referencia al
expediente 10-25191/15 por el cual se informa a
Juan Cubría, hijo de la jueza federal y actual administrador del Consejo de la Magistratura, sobre el estado de las obras para el Poder Judicial. Al respecto, según cita la denuncia, se informó que cuatro obras están paralizadas y otras cuatro tienen demoras significativas.