boquín 1 macri 0

La Corte Suprema resolvió ayer por unanimidad respaldar a la fiscal en lo Comercial, Gabriela Boquín, en la causa por la millonaria deuda que el Correo Argentino, administrado por la familia Macri, acumuló con el Estado Argentino.
Los cinco jueces del máximo tribunal rechazaron por una cuestión procesal el último planteo del gobierno para apartar a Boquín del expediente. En los hechos, ello significa que la fiscal -que fue quien detectó el ruinoso principio de acuerdo por el que se le perdonaba más del 90 por ciento de la deuda al Correo y posibilitó que no prosperara- seguirá actuando en el expediente, podrá proponer medidas, controlar la marcha del proceso y, sobre todo, defender el interés público.
El máximo tribunal consideró que el planteo contra la continuidad de la fiscal "no se dirige contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal", revelaron a Tiempo fuentes judiciales.
El espaldarazo a Boquín es una mala noticia para el gobierno, que desde hace un año procura su desplazamiento como una forma de, además, frustrar una investigación impulsada que tiene por objetivo una pericia de los libros contables para determinar si existieron maniobras de vaciamiento de la empresa postal en favor de Sideco y Socma, sus controlantes, también propiedad de la familia presidencial.
La última evaluación del dinero que la empresa le debe al Estado supera los 70 mil millones de pesos.
En Página recuerdan que la semana pasada, el juez federal Ariel Lijo llamó a indagatoria al ex ministro de Comunicaciones y actual ministro de Defensa, Oscar Aguad, como responsable de ordenar la validación de aquel acuerdo "abusivo" para las arcas estatales. La citación a Aguad se enmarca en una causa penal por defraudación al Estado, en la que están imputados y también llamados a declarar Juan Manuel Mocoroa, el entonces responsable de asuntos jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, el presidente del Correo, Jaime Robirosa, y el asesor letrado Leonardo Kleidermacher. El único acusado que no fue convocado a declarar fue el presidente Macri.
Las citaciones fueron ordenadas por Lijo a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien en su dictamen consideró que existen "elementos suficientes para sostener que a través de la celebración del acuerdo “obligaron abusivamente a la administración pública con el interés de beneficiar a la firma Correo Argentino SA".