La prioridad uno de Soria será avanzar con las reformas que prometió Fernández desde que asumió y que ratificó el 1 de marzo ante el Congreso. El año pasado, el Senado le dio media sanción tanto a la llamada reforma judicial --que reordena los tribunales federales -- y a la modificación de la ley orgánica del Ministerio Público, que relaja la mayoría necesaria para nombrar un nuevo procurador, una deuda pendiente desde que el macrismo forzó la renuncia de Alejandra Gils Carbó.
El Presidente, además, anunció su interés de avanzar con cambios en la Corte, como la regulación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que le da discrecionalidad sobre qué asuntos tratar, y la creación de un tribunal intermedio, que Fernández anunció que discutirá con los gobernadores. Soria, en tanto hombre del Partido Justicialista (PJ) y de las provincias, será un activo en esa discusión.
Además, Fernández busca introducir modificaciones en el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de la selección y remoción de los jueces. En los últimos días, trascendió que se podría avanzar en la creación de una comisión bicameral para monitorear al Poder Judicial, como la que se creó durante el macrismo para controlar al Ministerio Público. La decisión de avanzar con esa iniciativa está puramente en el campo del Congreso, un territorio que Soria conoce.
Además, Fernández busca introducir modificaciones en el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de la selección y remoción de los jueces. En los últimos días, trascendió que se podría avanzar en la creación de una comisión bicameral para monitorear al Poder Judicial, como la que se creó durante el macrismo para controlar al Ministerio Público. La decisión de avanzar con esa iniciativa está puramente en el campo del Congreso, un territorio que Soria conoce.
