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Según la información que maneja
Ambito, para el Gobierno, hoy
YPF tendría una valor total de
menos de u$s 10.000 millones, con lo que necesitaría no más de
u$s 5.000 millones para obtener el 51% de las acciones de la compañía. Si esto fuera así, al Ejecutivo le alcanzaría el dinero líquido que maneja la
ANSES a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). De concretarse la compra, sería la operación financiera más importante del Gobierno nacional desde la finalización del canje de deuda de 2010 y el movimiento fiscal más trascendente desde que se estatizó el sistema de jubilación privada a través de las
AFJP.
Al Gobierno sólo le restaría oficializar el envío al Congreso del borrador del proyecto de ley que está ya en poder de
Cristina, y que le permitiría al Ejecutivo comprar papeles de empresas privadas para hacerse del control accionario, posibilidad hoy legalmente vedada. La intención, a la que haría referencia la Presidente en su discurso ante la Asamblea Legislativa, sería que el Legislativo apruebe lo más rápido posible la ley y que se abra un proceso de negociación entre el Ejecutivo a través de la
ANSES, y los directivos de
Repsol y el
Grupo Eskenazi, para que entre ambos acepten vender la mayoría accionaria de la petrolera. Actualmente, la compañía española detenta la mayoría absoluta con un
58,23% de las acciones, mientras que la familia
Eskenazi cuenta con el 2
5,46% y un
16,35% son inversores privados (acciones de cotización bursátil). Necesariamente, para poder realizar la operación, el Gobierno debería negociar con
Repsol o también, pero no necesariamente, con los
Eskenazi, para acceder al 51%.
Para la
ANSES, tomando en cuenta el dinero que administra desde el FGS, la operación sería importante, pero no imposible. Según los cálculos a octubre de 2011, el organismo que maneja
Diego Bossio (que el martes estuvo largamente reunido con
Cristina), tendría un total de activos financieros de
201.027.029.281 pesos. Como se estima que el alza de dinero mensual puede llegar a los
$ 5.000 millones mensuales, actualmente alcanzaría los 220.000 millones de pesos. La mayoría de las inversiones del FGS se concentran en títulos públicos del Gobierno argentino, alcanzando el
57% de las operaciones (
unos $ 115.000 millones), seguido de los proyectos productivos de infraestructura con un
13,3% ($ 26.700 millones), plazos fijos en diferentes monedas con el
12,7% (25.500 millones), acciones en sociedades anónimas con un
9,6% (19.300 millones) y fideicomisos financieros con el
2,4% (4.837 millones). Si se tiene en cuenta que el valor actual de la empresa, para detentar la mayoría, sería de menos de u$s 5.000 millones, la
ANSES debería aportar unos
$ 22.000 millones. Sólo con el dinero en plazos fijos (en teoría los de mayor liquidez) alcanzaría.
De tomarse la decisión,
aprobarse la ley y aceptar los españoles de Repsol y eventualmente los Eskenazi la venta, el Gobierno tomaría el control de la petrolera con dinero de la
ANSES, en una operación que le generaría más dinero que los intereses de los plazos fijos, teniendo en cuenta que YPF, desde hace más de una década, siempre generó mayor rentabilidad que la media del sistema financiero. El entusiasmo oficial radica además que podría completar la operación,
sin tocar reservas del Banco Central, operación reservada durante el kirchnerismo para la cancelación de deuda externa pública.
