El 4 de julio pasado
Jorge Antonio Olivera y Gustavo Ramón De Marchi escucharon cómo el
Tribunal Oral de San Juan los condenaba a prisión perpetua y 25 años de prisión, respectivamente,
por torturas, asesinatos y asociación ilícita durante la última dictadura militar, en lo que fue el primer juicio por crímenes de lesa humanidad que se realizó en la provincia. Veintiún días más tarde, ambos viajaron a
l Hospital Militar “Cosme Argerich”, de la ciudad de Buenos Aires, para recibir un tratamiento médico.
En cuestión de horas, se escaparon y pasaron a integrar la lista de 51 genocidas prófugos.
Se sabe, para evadir a la Justicia y vivir en la clandestinidad por un período extenso
se necesita una logística aceitada. Según se desprende de este caso, evidentemente
existe una logia con ramificaciones impensadas. Es que los protagonistas de esta historia no son dos improvisados.
Según pudo averiguar
Revista Veintitrés, los investigadores barajan diversas hipótesis sobre el financiamiento de los prófugos.
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