Negocios en la justicia.
Había otorgado en cuatro expedientes medidas cautelares para 17.060 gendarmes. Tardó una hora en concederlos y el perjuicio para el Estado fueron 1500 millones de pesos.
La debacle administrativa y financiera que produjeron esas resoluciones judiciales estuvo en el trasfondo del reciente motín de gendarmes y prefectos. Todas las cautelares se cursaron a través de un único estudio de abogados y los beneficiados fueron gendarmes de todo el país, que no tenían ninguna razón para presentarse justo ahí.
Existió una connivencia entre el juez –visiblemente incompetente–, los abogados y los encargados del área jurídica en Gendarmería. Por eso, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal contra los jefes y altos cargos de la Gendarmería por administración fraudulenta, tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Y el juez Civil y Comercial de Santo Tomé, Corrientes, Humberto De Biase Echeverría, fue destituido ayer por un contundente seis a uno de los votos del jury de enjuiciamiento de esa provincia.
Uno menos.
