El informe, realizado junto a la ONG Poder Ciudadano (que presidió anteriormente Laura Alonso, hoy diputada nacional por el PRO), recuerda que “la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires había sancionado en diciembre de 2009 una regulación sobre publicidad oficial que prohibía el uso proselitista por parte del Gobierno porteño de los recursos públicos en publicidad”.
La sanción fue en las últimas sesiones de ese año, y por unanimidad. Pero “Macri, vetó nueve de los 18 artículos de la normativa y jamás la promulgó, con lo que, a juicio de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), demuestra una reticencia del Ejecutivo de la ciudad a administrar los fondos públicos destinados a pauta de modo transparente y controlado”.
Entre los artículos que vetó están los que establecían que en los avisos de la ciudad no se podían “incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con funcionarios del sector público de la Ciudad de Buenos Aires”, ni usar colores o símbolos que pudieran confundirse con los del partido de Gobierno.
Basta con ver las últimas campañas del Gobierno porteño para verificar el abuso en la inclusión del propio Macri en las promociones. Ni hablar del amarillo y negro que identifican al PRO. Incluyendo sus propias boletas en el cuarto oscuro, en las elecciones del año pasado.