(2) las razones de un macriveto

El informe, realizado junto a la ONG Poder Ciudadano (que presidió anteriormente Laura Alonso, hoy diputada nacional por el PRO), recuerda que “la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires había sancionado en diciembre de 2009 una regulación sobre publicidad oficial que prohibía el uso proselitista por parte del Gobierno porteño de los recursos públicos en publicidad”.
La sanción fue en las últimas sesiones de ese año, y por unanimidad. Pero “Macri, vetó nueve de los 18 artículos de la normativa y jamás la promulgó, con lo que, a juicio de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), demuestra una reticencia del Ejecutivo de la ciudad a administrar los fondos públicos destinados a pauta de modo transparente y controlado”.
Entre los artículos que vetó están los que establecían que en los avisos de la ciudad no se podían “incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con funcionarios del sector público de la Ciudad de Buenos Aires”, ni usar colores o símbolos que pudieran confundirse con los del partido de Gobierno.
Basta con ver las últimas campañas del Gobierno porteño para verificar el abuso en la inclusión del propio Macri en las promociones. Ni hablar del amarillo y negro que identifican al PRO. Incluyendo sus propias boletas en el cuarto oscuro, en las elecciones del año pasado.

un veto de los radicales y monopolios ahora en mano de cristina

Breve historia de cuando los radicales vetaron una Ley a pedido del FMI, las telefónicas y la TV por cable.

Leemos hoy en Ambito:

En una cumbre mano a mano, un grupo de intendentes del PJ, la UCR y el vecinalismo le pedirá, el jueves próximo, a Cristina de Kirchner que avale que los municipios cobren un cargo especial a las empresas que usen el «espacio público», como telefónicas y TV por cable.
El planteo, que unifica a alcaldes de diversos partidos y de todas las provincias, pretende recuperar una iniciativa que en 2011 fue aprobada en el Congreso pero fue, en setiembre de ese mismo año, vetada por el entonces presidente Fernando de la Rúa.
En aquellos días, la oficialismo aliancista y el peronismo compartieron la aprobación de la ley que fijó un cargo especial, del 2% de la facturación, que las empresas debían abonar a los municipios donde desarrollaban su actividad comercial.
Pero, con la crisis económica embrionaria, De la Rúa estaba en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Una -entre otras muchas- de las indicaciones del organismo internacional fue que vete la ley que obligada a las compañías a pagar por el uso del espacio público.