Sucede que en el artículo 75 de La ley de Medios (26.522) se establece que el Poder Ejecutivo nacional y los poderes ejecutivos provinciales podrán, en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional, disponer la integración de la cadena de radiodifusión nacional o provincial, según el caso, que será obligatoria para todos los licenciatarios.
Patricia Bullrich, hoy macrista, solicitó al AFSCA que intime a la Presidenta para que cese en el uso de la cadena nacional. Y uno de los directores por la oposición, Gerardo Milman, avaló el pedido de la diputada, tras lo cual el titular del organismo, Martín Sabbatella, incluyó el tratamiento de la cuestión en el próximo directorio, a realizarse el 27 de mayo.
Desde el 2009 al menos (la ilustración de Sabat del post era de entonces), en pleno conflicto con la dirigencia rural que comenzó a desnudar el rol de los medios hegemónicos y sus intereses, se estableció un cerco mediático formidable sobre la palabra y la acción de Cristina.
Ninguneo, invisibilidad y mentira.
Hoy el uso de la cadena nacional en el marco de los intereses de la Patria es correcto, está habilitado por la ley y es garantía de que los argentinos y argentinas puedan acceder a información trascendente para la gestión del gobierno desde el Estado nacional.
Por supuesto que para el Círculo Rojo, la interpretación de lo trascendente sería distinta. Lejos de la inclusión y la soberanía nacional.