No lo ven como un privilegio ni algo que ubica a los judiciales en un estatus diferenciado respecto del resto de la sociedad. Las asociaciones de jueces dicen que es una garantía constitucional, que pagar ese impuesto implicaría una rebaja salarial y que podría ser utilizado para condicionar su independencia.
La Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) –el único gremio invitado al encuentro, pese a que hay otros– lo planteó en otros términos: ningún asalariado debería pagarlo porque “el salario no es ganancia”.
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