La fiscal general Gabriela Boquín acusó ayer a la cúpula del Correo Argentino de impulsar el vaciamiento de la compañía durante el último año y medio para beneficiar al Grupo Macri y perjudicar al Estado nacional y otros acreedores, según surge de un dictamen que presentó ayer en los tribunales comerciales.
Boquín responsabilizó a los ejecutivos del Correo -que integra el holding empresario de la familia Macri- y a la jueza del concurso, Marta Cirulli, por los 16 años que ya consumió el expediente sin que se homologue un acuerdo o se dicte la quiebra. Y planteó que la compañía debe devolver los fondos al mismo tiempo que pidió que se alerte a las procuradurías de Investigaciones Administrativas (PIA) y de Criminalidad Económica (Procelac) para que investiguen si se cometieron diversos delitos.
La fiscal presentó ayer su dictamen, de 88 carillas, mientras transcurren los 120 días que el Gobierno pidió a la Justicia para dictar decretos que regulen los potenciales conflictos de interés y que la Auditoría General de la Nación (AGN) analice el expediente que protagoniza la familia Macri.
Durante esos 120 días, además, el procurador del Tesoro, Carlos Balbín asumió la representación del Estado en el concurso en reemplazo del Ministerio de Comunicaciones. Y se encaminaba a elevar a la Justicia su propio informe, que se anticipaba que sería crítico para el Gobierno. Pero fue desplazado de su cargo antes de que lo enviara.
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