Acordar un préstamo del FMI es un acto de gobierno judiciable si se violan leyes que regulan la administración financiera de la Nación. Este es el caso del crédito por 57 mil millones de dólares, de los cuales se desembolsaron casi 45 mil millones de dólares.
Intervenir en el mercado cambiario a través del Banco Central mediante el instrumento financiero denominado "Contratos de dólar futuro" no es judiciable si se cumplen cada una de las normas de esa actividad. Esto fue lo que sucedió en el segundo mandato de Cristina Fernández.
Igualar ambas situaciones busca desestimar la investigación acerca de cómo fue el proceso para recibir ese insólito crédito con el Fondo y cuestionar la orden impartida por el presidente Alberto Fernández de iniciar una demanda judicial a los responsables de ese ruinoso acuerdo. Es una estrategia política de confusión deliberada.
Además de inaudito por el monto involucrado y de constituir la peor herencia dejada por el gobierno de Macri, el recorrido para la aprobación del crédito del FMI es opaco e irregular.
La decisión de Fernández es extraordinaria porque es la primera vez que un Presidente no sólo impulsa una investigación sobre el origen de la deuda externa y la posterior fuga de esos dólares, sino que avanza en disponer una querella criminal "a los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra".
1 comentario:
¡uy qué cosa! ¡Los trollos macristas no hablan de esto!
¡JUÁ JUÁ JUÁ JUÁ!
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