La Justicia confirmó que al menos la mitad de los fiscales de Juntos por el Cambio en la elección de 2019 en la provincia de Formosa fueron beneficiarios de un bono clandestino que el Gobierno de Mauricio Macri instrumentó en los días previos al comicio y que debía tener como destino real a desocupados.
La desproporción y el volumen de la maniobra clientelar quedan más de manifiesto si se tiene en cuenta que la gestión macrista había reservado para todo el distrito 6800 beneficios, equivalentes al 1,5% de la población.
La causa judicial arrancó por una investigación de Ámbito Financiero de septiembre de 2019, que abarcó desde el diseño oculto de la medida hasta su utilización mediante punteros políticos en varios distritos, y recién en las últimas semanas dio a luz un peritaje decisivo.
Dos años y nueve meses después de iniciada la investigación y luego de un intento fallido de peritaje, la Datip finalmente corroboró y amplió la tesis del denunciante de Formosa: casi la mitad de los fiscales de JXC que participaron en la elección general (243 sobre 503) figuraba como beneficiario del bono de $ 5000. La proporción se eleva a 63% si se toma el número de autoridades de mesa partidarias que participaron tanto en las primarias (PASO) del 11 de agosto de ese año como en las definitorias del 27 de octubre.
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