¿porqué está tan nervioso duhalde?

 La clave de este entramado es la compañía Bungard SA, cuyo nombre figura en el expediente que tiene entre sus manos el juez federal Norberto Oyarbide. En textuales palabras de las fuentes judiciales consultadas por Tiempo Argentino, “esta empresa no sólo figura en la causa, sino que está siendo investigada”.
La importancia de Bungard radica en que es la sociedad anónima encargada de realizar las auditorías médicas en OSPRERA, tanto en lo que respecta a la entrega de productos medicinales como a la autorización de prestaciones para los pacientes. Quienes conocen el funcionamiento interno de la obra social de la UATRE aseguran que en ese rubro el poder de decisión de Bungard es absoluto.
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Además de dirigir la firma que audita a la obra social de los trabajadores rurales, García es socia de Elba Araceli de Robles, la presidenta de Gregard SA. Esta compañía no sólo comparte con Bungard el hecho de que sus nombres suenan parecidos, sino que también fue contratada por el Momo.
Gregard se ocupa de realizar tareas de fiscalización e inspección, entre ellas, de las condiciones en que las agropecuarias contratan a los empleados rurales en el campo argentino.
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En 2007, De Robles y quien la acompaña en el directorio de Gregard, Leonardo Lavanda, asumieron la conducción de Finca Las Casuarinas SA. Lo hicieron para remplazar en esos cargos al matrimonio Duhalde, que los había ocupado desde julio de 2004.
Nacida en 1999, Finca Las Casuarinas fue la sociedad a través de la cual los Duhalde administraron la quinta de igual nombre que se encuentra ubicada en la localidad de San Vicente.
Además de ser uno de los bunkers políticos elegidos por el jefe del PJ disidente, la estancia también fue un lugar de esparcimiento para él y su familia. En 2005, el predio fue el escenario donde tuvo lugar la fiesta de casamiento de la hija menor de Duhalde.
Actualmente, como muestra del entendimiento entre Venegas y su padrino político de toda la vida, los mismos directivos de Finca Las Casuarinas continúan al frente de Gregard. Allí cumplen aquellas supuestas funciones de fiscalización, a pesar de que las estadísticas oficiales señalan que el 75% de los empleados del campo son víctimas del trabajo ilegal.

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