mendoza y neuquén se suman a la reversión de contratos de repsol ypf

Tras perder cinco áreas en Chubut y Santa Cruz la semana pasada, ahora la firma de capitales hispano argentinos está al borde de sufrir la reversión de contratos en otras dos provincias, en medio de la embestida del Gobierno nacional.
Es que el Gobierno nacional aguarda que las provincias petroleras concreten su avanzada sobre Repsol YPF, antes de enviar al Congreso un proyecto de ley para proponer la nacionalización de la compañía, que actualmente tiene una mayoría accionaria de capitales españoles. El gobierno neuquino se había sumado el viernes 8 de este mes a la ola de reclamos contra la principal petrolera del país, a la que le dio un plazo de siete días hábiles para anunciar fuertes inversiones para elevar la producción en un 15 por ciento sobre los niveles actuales. El subsecretario de Hidrocarburos, Héctor Mendiberri, pidió a la compañía con una nota un plan de acción para las áreas Don Ruiz, Chihuido de la Salina y Rincón del Mangrullo, que no fueron renegociadas en 2008 y ahora "permanecen sin producción ni inversiones comprobables".
El ministro de Energía neuquino, Guillermo Coco, indicó que son 30 las áreas marginales que están bajo la lupa de los equipos técnicos de la provincia y la administración de Jorge Sapag le seguirán los pasos a otras petroleras. Si las empresas no tienen interés en invertir en esas áreas deberán revertirlas a la provincia, y quedarán en manos de la estatal Gas y Petróleo del Neuquén (G&P), que decidirá qué hacer con ellas. También vencerá este lunes el plazo interpuesto por Mendoza con la resolución 20/2012 del Ministerio de Infraestructura y Energía para que YPF presente un plan de inversión en las áreas Ceferino (en Rivadavia) y Mollar Norte (Malargüe).
Esa intimación fue cursada por la administración mendocina el 8 de este mes y vence este lunes, aunque en YPF aseguraron a la prensa que la respuesta estará en tiempo y forma en la Casa de Gobierno provincial. El subsecretario de Hidrocarburos mendocino, Walter Vázquez, ratificó la prisa de la administración al sostener que "el gobernador quiere la respuesta el lunes", y también admitió que el Gobierno cometió un error cuando comunicó que YPF tendría un mes para poder estructurar su descargo, porque en realidad eran sólo siete días hábiles.