Fénix Entertainment Group, especializado hasta aquí en la organización de shows musicales, compró La Rural S.A, firma que tiene la explotación del predio de Palermo, informó ayer el grupo en un comunicado en el que no se reveló el monto de la operación.
El proceso de adquisición, que se inició en agosto de este año e implicó una exhaustiva auditoría sobre la empresa, llegó hoy a su fin con la firma de los documentos que se requerían para el traspaso del management del predio ferial. Fénix Entertainment Group, de Diego Finkelstein y Marcelo Fígoli, y el Grupo de Narváez [GdN] anunciaron el cierre de la operación por la compra de las acciones de este grupo en La Rural S.A..
La Sociedad Rural Argentina le había vendido el 50 por ciento de las acciones a De Narváez y a su socio Alejandro Shaw en 2005, a pagar con un canon mensual de US$ 60.000, lo que implicaba un desembolso total de 15 millones de dólares.
Por acá sostienen que la SRA se lo compró hace 20 años al menemismo, a un "precio vil" y en una operación plagada de irregularidades, por la cuál fue procesado Domingo Cavallo. Además, por lo menos hasta el 2011 no había abonado el canon del 5% de la taquilla que fija el contrato.
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domingo, 25 de noviembre de 2012
martes, 21 de septiembre de 2010
las diferencias de de narváez con macri no son solo políticas: sale a vender la rural
(Me contaron que en este informe está uno de los núcleos de las diferencias de los ex socios políticos. Cuestiones de negocios)
Además de las cuestiones políticas, pero vinculadas con ellas, habrían incidido en la decisión las complicaciones para poder destrabar la inhibición de construir el Centro de Convenciones en el actual pozo: un error de management de administraciones anteriores, que salieron a hacer lo que no les estaba aún permitido, y que la actual gestión no pudo revertir. Paradójicamente, con la administración de Macri -un aliado político de Francisco De Narváez- las gestiones para convertir en ley de la ciudad la habilitación a construir el centro de convenciones avanzaron mucho menos que durante las jefaturas de gobierno de Ibarra y Telerman. Se daba la situación contradictoria de que si Macri impulsaba esa ley, esa normativa quedaba expuesta como -un favor a su socio político- ante la opinión pública. Ante esa situación, que además viene generando un costo concreto, un lucro cesante bastante abultado, que si se calcula sólo en uso para expositores al aire libre en la Ganadera, son 8.500 m2 netos sobre 17.000 m2 totales del espacio del pozo, multiplicados por 10 años ociosos (en el último año se pudo comercializar esa zona a cuatro automotrices), a la tasa de $512 en que fue valuado el m2 al aire libre en la más reciente Ganadera, implican $43.520.000 que se ha perdido de ganar el actual inversor (que debió, como se dijo, absorber un pasivo de US$69 millones) sólo en la Exposición Rural, es que los actuales concesionarios decidieron dar un paso al costado.
Al parecer, coinciden en este momento la idea de De Narváez de focalizarse en la política, con lo cual se encuentran en pleno proceso de venta varias de sus empresas (incluidas las mediáticas, como El Cronista y América TV), con el caso puntual de que esa actividad política es más un impedimento que un impulso para que finalmente pueda construirse el Centro de Convenciones. En este momento, en la 'legislatura porteña hay 28 votos a favor de los diputados del PRO, y el proyecto de ley necesita 3 votos más para ser aprobado. Pero hay casos como el de Aníbal Ibarra, que cuando era jefe de Gobierno impulsó el proyecto y ahora como legislador vota en contra, que indicaron la necesidad de traspasar el predio a otro grupo empresario que no tenga una exposición política que resulte contraproducente para avanzar en la solución de ese tema.
Hacia fines de 2004, un grupo de 9 diputados de la ciudad -de múltiples expresiones ideológicas- presentaron un recurso de amparo argumentando que "la remodelación del entorno de La Rural, la apertura de la calle Darregueyra y el permiso ilegal para construir dentro del predio 15.000 m2 con 20 m de altura, prohibido por el código de planeamiento y destinado a estadio y centro comercial, origina un gigantesco negocio para beneficiar a la SRA y al empresario menem-duhaldista Francisco De Narváez".
En 2006, la Sociedad Central de Arquitectos y La Rural llamaron a concurso de anteproyectos para el Centro de Convenciones, un centro de congresos para 8.000 personas. A pesar de que estaba dentro de los usos específicos del recinto, la convocatoria fue definida como "ilegal" por tres diputados de izquierda.
(Informe Revista Ferias & Congresos)
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