No es menos grave el amordazamiento de la libertad de expresión cuando lo intenta una poderosa empresa privada que si proviene del Estado, dado que para una y otro rige la Convención Americana sobre Derechos Humanos que, en su artículo 13, exige el respeto a la libertad de pensamiento y de expresión.
Por este motivo, el CELS -que ha representado a Eduardo Kimel, Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en causas iniciadas por funcionarios del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo- hará lo propio ahora con los periodistas a los que el Grupo Clarín pretende intimidar por afirmaciones hechas en ejercicio de derechos constitucionales indiscutibles.
Como Cristina tuvo la iniciativa de suprimir las figuras de calumnias e injurias en un caso de ostensible interés público, acuden a dos tipos del Código Penal que no fueron concebidos para reprimir el pensamiento y la expresión, lo cual resalta el absurdo de la intención persecutoria.
