ni rebelión ni amparo fiscal

Lectura de domingo:

En su último pronunciamiento público antes de subirse al helicóptero, Jorge Brito instó a una rebelión fiscal contra el aporte solidario, y las cámaras patronales y sus voceros mediáticos amenazan con la judicialización para no pagar. Que pueda llevarse a la práctica con éxito es otra cosa. 

Por un lado, quien se anime a poner un pie en tribunales será objeto de una fiscalización integral de la AFIP, mucho más gravosa que cumplir con la ley. Podría, por ejemplo, perder los beneficios del blanqueo de Macrì. 

Una acción declarativa de inconstitucionalidad es inadmisible para discutir una cuestión que requiera de prueba pericial. No sería fácil para las mayores fortunas del país eludir el principio tributario de solve et repete (primero hay que pagar y después presentar el reclamo). Una medida cautelar requeriría que el derecho invocado fuera indiscutible a primera vista, cosa que no ocurre en este caso, y que la demora encerrara un gran peligro, irreparable. Esto pudo invocarlo la jubilada María Isabel García, que a los 79 años consiguió que la Corte Suprema le prohibiera a la AFIP detraerle de su haber el impuesto a las ganancias, con una referencia a los grupos que la Constitución protege de manera especial. Pero es difícil concebir que se extienda a megamillonarios como Cristiano Ratazzi, por dar un nombre, sobre todo cuando la Corte ya ha validado “las soluciones drásticas” de distintos gobiernos “para hacer expedita la recaudación de impuestos» ya que «la percepción de las rentas públicas en el tiempo y modo dispuestos por la ley es condición indispensable para el funcionamiento regular del Estado (Fallos: 235:787; 312:1010, entre otros), o, en palabras de la Corte Suprema de los Estados Unidos, se trata de la sangre vital del gobierno, cuya rápida y cierta disponibilidad constituye una necesidad imperiosa («Bull v United States», 295 US 247 (1935))».

(Del Cohete a la Luna).