El presidente Alberto Fernández puso este martes en el centro de la investigación lo que constituye una prueba categórica del armado de causas y la mesa judicial: la distribución por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de 120 teléfonos encriptados distribuidos por la central de espías entre los que participaban del armado, incluyendo algunos que ni siquiera tenían cargo en el Estado.
La cabeza, por supuesto, eran los celulares encriptados de Mauricio Macri y Gustavo Arribas, el titular de la AFI, pero hubo aparatos --pagados por la AFI-- para Julio Conte Grand, el procurador bonaerense, integrante de otro poder y otra jurisdicción; Daniel Angelici, operador judicial que no tenía cargo, Alejandro Pérez Chada, únicamente abogado de Macri, Nicolás Caputo, empresario “amigo de la vida” del expresidente y los que sí tenían cargo y aparecen ahora protagonizando o mencionados en videos y audios referidos al espionaje ilegal y el armado de causas.
El mandatario resignificó el descubrimiento de los celulares encriptados a la luz del video de la añoranza por una Gestapo y de los audios atribuidos a un subcomisario bonaerense en los que se detallan los armados de la mesa judicial provincial, cuyo material terminaba "milagrosamente" en manos de Elisa Carrió para que hiciera denuncia tras denuncia. Un dato curioso: se sabe que los que estaban metidos en estas tramas usaban los celulares encriptados muy poco. Sucede que estaban convencidos que la propia AFI de Macri los espiaba ya que tenía las claves del encriptado, de manera que servían para hablar de algunas operaciones oscuras pactadas con la Casa Rosada.
Pero no de todas.
Es que sabían que lo que les hacían a otros, se lo podían hacer a ellos mismos.
La lista de los que tenían los celulares encriptados:
El listado de los 120 celulares encriptados fue publicado por primera vez, en exclusiva, por la periodista Irina Hauser, en Página/12. Fue en agosto de 2020 y a raíz de que la interventora en la AFI, Cristina Caamaño, encontró las facturas de compra en Estados Unidos y la adjudicación de los aparatos.
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