En una resolución explosiva, el juez Sebastián Casanello describió la trama de la corrupción en discapacidad como una asociación ilícita montada en paralelo al ajuste en el área. Los sobreprecios en medicamentos alcanzaron casi el dos mil por ciento. El exabogado de Milei se estaba haciendo un quincho con fondos públicos.
“Una agencia que fue pensada para asegurar el derecho a la salud y bienestar a personas con discapacidad, madres con más de siete hijos, mayores de setenta años en situación de pobreza, entre otros, se convirtió en una oportunidad de rápido enriquecimiento ilícito del grupo que la dirigió, a costa de los fondos públicos que debían garantizar aquellos derechos esenciales”, definió el juez Sebastián Casanello al dictar este lunes el procesamiento del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y de otras 18 personas, trama que definió como una asociación ilícita. La organización no solo incluye exfuncionarios de la gestión libertaria de distintos rangos que operaban desde adentro del organismo, sino otras personas que habían cumplido funciones con anterioridad y que pasaron a trabajar para intereses privados del mundo de la salud, más un grupo de particulares vinculados a cuatro droguerías que eran sistemáticamente elegidas en adjudicaciones arbitrarias para la compra de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia relacionadas por distintas vías con el lobbista y empresario Miguel Angel Calvete. El fallo señala sobreprecios que llegaron al 1.960,48 por ciento. El fallo dice además que existen indicios suficientes para sospechar que internivo “otro nivel de complicidades” en los hechos, lo que recuerda los audios de Spagnuolo --que no fueron utilizados en la resolución-- en los que aparecían mencionados tanto a Eduardo “Lule” Menem como a Karina Milei.
Es ostensible que el período investigado, entre fines de 2023 y octubre de 2025, coincide con la decisión del Gobierno de recortar fondos para discapacidad y desconocer la emergencia votada en el Congreso el año pasado hasta que recién ahora fue reglamentada, aún con resultados inciertos. Según la descripción de Casanello, basada en la investigación del fiscal Franco Picardi, la ANDIS fue “cooptada” de manera planificada y “empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”. Esto ocurría mientras el Gobierno les negaba a las personas con discapacidad y sus familias el pleno acceso a sus derechos, lo que incluye tratamientos y prestaciones.
“Una agencia que fue pensada para asegurar el derecho a la salud y bienestar a personas con discapacidad, madres con más de siete hijos, mayores de setenta años en situación de pobreza, entre otros, se convirtió en una oportunidad de rápido enriquecimiento ilícito del grupo que la dirigió, a costa de los fondos públicos que debían garantizar aquellos derechos esenciales”, definió el juez Sebastián Casanello al dictar este lunes el procesamiento del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y de otras 18 personas, trama que definió como una asociación ilícita. La organización no solo incluye exfuncionarios de la gestión libertaria de distintos rangos que operaban desde adentro del organismo, sino otras personas que habían cumplido funciones con anterioridad y que pasaron a trabajar para intereses privados del mundo de la salud, más un grupo de particulares vinculados a cuatro droguerías que eran sistemáticamente elegidas en adjudicaciones arbitrarias para la compra de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia relacionadas por distintas vías con el lobbista y empresario Miguel Angel Calvete. El fallo señala sobreprecios que llegaron al 1.960,48 por ciento. El fallo dice además que existen indicios suficientes para sospechar que internivo “otro nivel de complicidades” en los hechos, lo que recuerda los audios de Spagnuolo --que no fueron utilizados en la resolución-- en los que aparecían mencionados tanto a Eduardo “Lule” Menem como a Karina Milei.
Es ostensible que el período investigado, entre fines de 2023 y octubre de 2025, coincide con la decisión del Gobierno de recortar fondos para discapacidad y desconocer la emergencia votada en el Congreso el año pasado hasta que recién ahora fue reglamentada, aún con resultados inciertos. Según la descripción de Casanello, basada en la investigación del fiscal Franco Picardi, la ANDIS fue “cooptada” de manera planificada y “empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”. Esto ocurría mientras el Gobierno les negaba a las personas con discapacidad y sus familias el pleno acceso a sus derechos, lo que incluye tratamientos y prestaciones.
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