"Resulta evidente que los distintos gastos y bienes reseñados permiten advertir un incremento patrimonial que no resulta compatible con los ingresos que registró como representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Nisman, en su carácter de funcionario público -Fiscal General de la Nación-, se encontraba impedido de ejercer el comercio o cualquier actividad distinta a las de sus funciones como fiscal, por lo que cabe concluir que todo ingreso patrimonial que no haya sido debidamente declarado se encuentra justificadamente sospechado de ilícito."
El encomillado es textual del pedido que formuló ayer
el fiscal federal Juan Pedro Zoni, para que el juez
Rodolfo Canicoba Corral convoque a prestar
declaración indagatoria a la madre de Nisman, Sara Garfunkel; a su hermana, Sandra; al empleado informático Diego Lagomarsino y al empresario Alejandro Picón, (dueño del automóvil Audi que manejaba Nisman y de relaciones con
la agencia norteamerica de inteligencia).
Les imputa a todos el delito de
“lavado de dinero”; detrás de esa acusación subyace la sospecha de que todos eran, en realidad,
testaferros del ex titular de la UFI AMIA.