El juez dio por probado, además, la línea de tiempo que comenzó con una reunión el 4 de mayo de ese 2017 en Casa Rosada en la que estuvo el ex Presidente Mauricio Macri. Señaló que la orden se tomó más arriba y en la parte resolutiva sostuvo la necesidad de continuar con la investigación para determinar otras responsabilidades de escalones superiores del Gobierno, la AFI y funcionarios judiciales que participaron del armado de lo que comenzó a llamarse desde la revelación de diciembre, la GestaPro.
“Se advierte que la decisión de avanzar con la estrategia de judicialización desplegada --dijo-- podría haber sido tomada o bien autorizada en los niveles superiores de los gobiernos nacional y provincial y que, asimismo, podrían encontrarse involucrados otros miembros de esos gabinetes de gobierno que no han sido hasta ahora mencionados”.
Los procesamientos alcanzaron al exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, aquel se confesó añoroso de la Gestapo. También al exsecretario de Justicia, Adrián Grassi; al intendente Julio Garro y al senador Juan Pablo Allan enlace con el Consejo de la Magistratura de La Plata. Entre los integrantes de la AFI procesó al exdirector administrativo de Asuntos Jurídicos, Juan Sebastián De Stefano; al exdirector operacional de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra y al exjefe de gabinete Darío Biorci. Dejó afuera del procesamiento a los empresarios y miembros de las cámaras de profesionales y al exministro de Infraestructura Roberto Gigante.
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