El show proscriptor

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El fiscal Diego Luciani repitió minuciosamente y de manera vehemente la acusación inicial en el caso de las rutas de Santa Cruz. Sostuvo que las licitaciones fueron ficticias y que incluso contaron con la complicidad de otras empresas nacionales -mencionó a Esuco, del presidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, y enemigo de Lázaro Báez, y Petersen, de la familia Esquenazi- que, según dijo, simularon presentar ofertas o sea habrían sido colaboradoras de un delito, pero que nunca se las imputó de nada.
También sostuvo que los funcionarios de Santa Cruz, empezando por los gobernadores, eran parte de la asociación ilícita que licitó, adjudicó y controló la construcción de las rutas. Sin embargo, tampoco ninguno fue imputado de nada. Luciani insistió en cuestiones ya desechadas por la auditoría que hizo el propio macrismo: aquel estudio determinó que nunca se pagó ninguna obra que no se haya terminado y que las demoras fueron las mismas que en las demás provincias. Lo más novedoso es que Luciani adelantó que hubo obras que no fueron votadas por el Congreso Nacional en las leyes de presupuesto, algo que por primera vez figura en la acusación.