Con las firmas de los jueces Lorenzetti, Fayt y Maqueda, declaró la inconstitucionalidad del Renatea, el organismo estatal encargado de fiscalizar el trabajo rural y ordenó reinstalar el registro que manejaba el gremialista (RENATRE)
La polémica del fallo se desata ya que el gremialista Momo Venegas mantuvo una relación de connivencia con los empresarios, y se mostró indiferente a los posibles casos de trata laboral extendidos en muchas explotaciones agropecuarias. Para fiscalizar, tercerizaba el trabajo a una sociedad anónima (Gregard SA).
La independencia de la justicia.