El Gobierno decidió que tomará el control de YPF.
“En eso no hay marcha atrás”, dijeron fuentes oficiales a ese diario. Y explicaron: el modelo de negocios de la empresa no cierra con las necesidades energéticas del país. Su política de distribución de dividendos es cuatro veces mayor a la media de la industria petrolera. En consecuencia, el volumen de inversiones es insuficiente no sólo para aumentar la oferta de hidrocarburos en una economía que aspira al desarrollo, sino para evitar una caída constante en el nivel de reservas.
El Estado tiene que gastar cada vez más para cubrir las importaciones de energía y la perspectiva, de acuerdo con el comportamiento que ha tenido Repsol desde que asumió el mando de YPF, es que el problema se irá agravando año tras año.
La apuesta a la “argentinización”, facilitando el ingreso de la familia Eskenazi a la compañía, no dio resultado. Lo que el Gobierno debate internamente es el camino para asumir el manejo de la petrolera. Hay un abanico de posibilidades, dominado por dos grandes líneas: la expropiación o la intervención, con compra de una porción de las acciones. En ambos casos, previa aprobación del Congreso de una ley que declare de interés público la producción de petróleo y gas.
No hay marcha atrás.