El fiscal Javier De Luca le recomendó a la Cámara Federal de Casación que mantenga la prohibición para las empresas del Grupo Vicentin de transferir total o parcialmente sus paquetes accionarios, en el marco de las múltiples causas penales y económicas en las que está involucrado. Pero, además, advirtió que con ese mecanismo, que Vicentin pretende liberar, se pudieron haber cometido u ocultado delitos como evasión tributaria, lavado de activos y contrabando. El dictamen subraya, incluso, que la propia empresa reconoció que pudo haber cometido el delito de “defraudación” en perjuicio de sus acreedores.
La medida de prohibición de innovar respecto de los paquetes accionarios de todas las empresas fue adoptada en prevención del “peligro cierto de que la medida se torne ineficaz a los fines protectorios” de los intereses de los acreedores de Vicentin, gran parte de ellos pequeños productores agropecuarios y, especialmente, el Banco de la Nación Argentina.
El fiscal aludió explícitamente a una denuncia de un grupo de acreedores recogida por la PROCELAC sobre “la venta del 16.67% de las acciones de la firma RENOVA S.A. a la firma GLENCORE, cuando la empresa Vicentin S.A. se encontraba en estado de cesación de pagos”. En ese contexto, el fiscal subrayó que el monto involucrado en la operación, 122,3 millones de dólares, “no habría tenido como destino el pago de sus obligaciones locales, sino que se habría cobrado en el exterior”.
Completo por acá.
1 comentario:
Vicentin reconoció una gran defraudación, porque en Paraguay no tenía ni almacenes ni silos. Sólo una oficina con 6 empleados.
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